La Iglesia advierte al régimen libertario de Milei tras reunirse por Discapacidad: "De buenas intenciones está hecho el infierno"

Referentes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) mantuvieron una reunión este lunes con funcionarios del Gobierno nacional en la sede del Ministerio de Salud, donde exigieron respuestas urgentes ante la crisis del área de discapacidad y advirtieron que la apertura al diálogo no es suficiente si no se traduce en medidas concretas. El encuentro, motivado por los crecientes reclamos del sector y las tensiones entre la Iglesia y la administración libertaria, tuvo lugar a solo un mes de la visita papal al país.

Al término de las conversaciones, la coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la CEA, María Baya Casal, confirmó que las propias autoridades del Ejecutivo reconocieron las fallas en la aplicación de la normativa actual. De acuerdo con la dirigente, el Gobierno admitió que la Ley de Emergencia vigente no se está cumpliendo en su totalidad, situación que impacta de manera directa en la atención y cobertura de las personas con discapacidad.

Uno de los ejes centrales del reclamo formal presentado por la delegación eclesiástica fue la deuda acumulada por el Estado. La Iglesia demandó el compromiso gubernamental para liquidar las compensaciones pendientes, correspondientes a las actualizaciones de los montos prestacionales de 2023, 2024 y 2026.

Durante el cónclave, los representantes de la Iglesia entregaron un escrito con diagnósticos y alternativas de solución basadas en un documento institucional emitido la semana anterior. Si bien Baya Casal valoró la convocatoria oficial y confirmó que acordaron una próxima reunión de trabajo, enfatizó la necesidad de obtener soluciones efectivas: remarcó que los gestos institucionales deben convertirse en realidades y recordó la frase tradicional que advierte que de buenas intenciones está lleno el camino al infierno.

Finalmente, la comitiva eclesiástica solicitó que las próximas instancias de discusión sobre la normativa en debate incorporen a más funcionarios del Poder Ejecutivo para ampliar la mesa de diálogo. Asimismo, se destacó que la inminente llegada del pontífice representará un llamado de atención insoslayable para poner el foco en las urgencias sociales y despabilar tanto a las autoridades como a la sociedad en su conjunto.