Gremios y organizaciones sociales marchan a Tribunales en rechazo al fallo sobre la Ley de Tierras

Una amplia coalición integrada por organizaciones políticas, sindicales, movimientos sociales y colectivos ambientalistas se movilizará este martes a partir de las 16:00 horas hacia la sede de los Tribunales porteños, con el propósito de manifestar su enérgico rechazo a la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avala la desregulación de la Ley de Tierras y permite la adquisición ilimitada de territorio argentino por parte de capitales extranjeros.

La protesta tiene como consigna central repudiar el contenido del fallo judicial y demandar la anulación legislativa definitiva del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, instrumento al que las entidades convocantes consideran abiertamente inconstitucional y lesivo para la soberanía del país.

El secretario general de la CTA-Autónoma, Hugo Godoy, calificó la sentencia del máximo tribunal como un hecho sumamente grave, no solo por abrir la puerta a la venta indiscriminada de suelo, sino también por haber desconocido la legitimación procesal de los excombatientes de Malvinas para litigar contra la normativa oficial. En ese sentido, el dirigente cuestionó con dureza el criterio judicial que impide a los veteranos defender la integridad territorial en los estrados mientras se profundiza un esquema que amenaza con dejar a los propios ciudadanos como simples inquilinos dentro de sus fronteras.

Por su parte, desde la CTA de los Trabajadores, su titular Hugo Yasky respaldó la medida de fuerza e informó que diversos sectores de la oposición parlamentaria articulan esfuerzos para conseguir el quórum necesario en el Congreso. La agenda planteada abarca el tratamiento de la emergencia vinculada a la ley de discapacidad, la problemática del endeudamiento y la mora en las economías familiares, y la derogación del DNU 70/23 como vía indispensable para resolver de raíz el conflicto por la extranjerización territorial.

En la misma línea de cuestionamientos, la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, enfatizó que la decisión de la Corte no puede prevalecer sobre el pronunciamiento popular contra la enajenación de los recursos nacionales. A su vez, sembró sospechas sobre el origen de la determinación, advirtiendo que la resolución judicial operó como un mecanismo sustitutivo frente a los obstáculos que el oficialismo no logró sortear en el debate parlamentario.