Interna en la Corte: la negativa de Rosenkrantz a reponer la Ley de Tierras traba el acuerdo y obliga a sumar conjueces

La falta de unanimidad entre los ministros del tribunal frente a un pedido de medida cautelar impulsado por la ONG Árbol de Pie obligó a sortear magistrados de fueros federales para conformar la mayoría legal requerida.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación debió convocar a dos conjueces para definir la validez de una medida cautelar protectora de la Ley de Tierras frente al DNU 70, luego de que las marcadas divergencias entre Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz impidieran alcanzar la unanimidad necesaria para emitir un pronunciamiento. La traba procesal obedeció a la negativa de Rosenkrantz de acompañar el criterio de sus colegas para admitir el reclamo impulsado por la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.

El conflicto se originó tras el fuerte cuestionamiento social y político que generó una resolución anterior del máximo tribunal, en la cual se desestimó la legitimidad procesal de excombatientes de Malvinas que impugnaban la flexibilización de la venta de inmuebles rurales a extranjeros. Ante la repercusión pública, la Corte había difundido una inusual aclaratoria para remarcar que no se había expedido sobre el fondo ni sobre la legalidad sustancial del decreto de necesidad y urgencia.

A partir de ese escenario, Odarda —en representación de la ONG ambientalista Árbol de Pie— presentó una solicitud formal para que el cuerpo clarificara si su planteo contra el DNU quedaba alcanzado por el fallo previo o si correspondía dictar una cautelar. Tanto Rosatti como Lorenzetti se manifestaron dispuestos a conceder la tutela cautelar, pero la postura intransigente de Rosenkrantz por la negativa frustró la posibilidad de resolver el expediente por consenso.

La imposibilidad de acordar expuso nuevamente la fragilidad operativa del tribunal, que actualmente cuenta con solo tres miembros en funciones sobre los cinco establecidos por ley. Al no reunirse la mayoría de tres votos coincidentes para fallar, se procedió a la designación de dos conjueces: Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

La tensión interna entre los jueces también estuvo atravesada por rispideces previas surgidas durante un encuentro institucional en San Martín de los Andes, donde Rosenkrantz cuestionó haber quedado expuesto ante una protesta gremial luego de que los restantes magistrados se retiraran de las instalaciones.

La resolución de la causa adquiere además un peso central en el Congreso, donde las autoridades de la Cámara de Diputados monitorean el desenlace mientras buscan contener los intentos de la oposición por reunir quórum y derogar el DNU en el recinto.