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El sistema público de salud mental de Catamarca atraviesa un escenario crítico caracterizado por la saturación de sus principales centros hospitalarios, un aumento sostenido en la demanda asistencial y una asignación presupuestaria provincial para 2026 que apenas alcanza el 0,9% de la pauta fijada por la Ley Nacional de Salud Mental. El panorama provincial coincide con un marcado deterioro de los indicadores psicosociales en todo el país, derivado principalmente de factores económicos y laborales, y coloca a la provincia en el quinto puesto nacional en tasas de suicidio.
El problema adquiere particular crudeza en las estadísticas: durante el último año relevado se contabilizaron 59 suicidios en Catamarca, alcanzando una tasa de 14,2 por cada 100.000 habitantes, apenas por detrás de Entre Ríos, San Luis, Salta y Santa Cruz. En el territorio nacional, los registros alcanzaron las 5.209 muertes autoinfligidas (14 casos diarios), consolidándose como la primera causa de defunción en la franja de 15 a 34 años y superando a los siniestros viales y homicidios.
Esta presión recae de lleno sobre las instituciones sanitarias locales. Tanto el Hospital Interzonal San Juan Bautista como el Hospital de Niños Eva Perón experimentan una fuerte sobrecarga operativa. En el San Juan Bautista, el sector específico de internación mantiene sus camas permanentemente ocupadas, las guardias de urgencia carecen de psiquiatras de guardia para prescribir fármacos indispensables y no se cuenta con suficientes dispositivos intermedios o casas de medio camino para evitar reintegros reiterados. En tanto, en el nosocomio pediátrico se ha registrado un crecimiento en las internaciones de adolescentes desde los 12 años vinculadas a consumos problemáticos, en un contexto de escasez de recursos humanos especializados.
La problemática asistencial contrasta con los recursos asignados. Si bien la Ley Nacional de Salud Mental a la que Catamarca adhirió prescribe que la partida del sector debe representar al menos el 10% del gasto total en salud, la previsión financiera para 2026 contempla un desembolso explícito de solo $190 millones —partida compartida con Política Alimentaria—. Dicha suma dista ampliamente de los más de $21.360 millones que deberían garantizarse sobre el presupuesto sanitario neto provincial, sin que se hayan proyectado mejoras específicas de infraestructura para el sector en el mensaje oficial elevado al Poder Legislativo.
