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La nueva conducción de la Unión Cívica Radical (UCR) de Catamarca inició un proceso de reconstrucción interna con el propósito de recuperar representación en intendencias, concejalías y la Legislatura provincial de cara a los próximos turnos electorales. La estrategia fue confirmada por el flamante presidente del Comité Provincia, Genaro Contreras, quien remarcó la necesidad de consolidar la vida orgánica del partido antes de definir acuerdos programáticos y electorales.
En declaraciones radiales a Radio El Esquiú 95.3, el dirigente radical aseveró que la estructura partidaria está en condiciones de recuperar el terreno perdido en los últimos comicios. Para ello, estableció un cronograma de trabajo inmediato que priorizará la normalización de circuitos departamentales con tensiones locales, comenzando por el distrito de Valle Viejo, además de programar encuentros con legisladores en funciones y de mandatos cumplidos para coordinar mesas temáticas.
Respecto de la disputa interna sobre si concurrir a las urnas con listas netamente partidarias o conformar frentes electorales, Contreras se inclinó por una estrategia frentista, tomando como referencia directa el modelo del Frente Cívico y Social. Sin embargo, condicionó cualquier entendimiento a la fortaleza previa del radicalismo y a la construcción de un programa con identidad propia que evite acuerdos vacíos de contenido.
El plan de trabajo territorial de la conducción contempla el acto de asunción de autoridades departamentales en Santa María el próximo 7 de noviembre, seguido por un acto similar en Belén el 14 del mismo mes. Desde la conducción partidaria remarcaron que el despliegue en el interior provincial será indispensable para dinamizar la militancia y cohesionar las conducciones locales.
En el plano programático, la conducción radical anticipó los ejes centrales de su plataforma política: un desarrollo armónico de la minería que asegure empleo local y compre a proveedores catamarqueños, el fortalecimiento complementario del turismo y las economías regionales para mitigar la dependencia extractiva futura, y reformas que garanticen la independencia judicial frente a la pérdida de confianza de la sociedad.
