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El oficialismo nacional logró este martes dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto de Ley sobre Defensa de la Soberanía nacional en las Islas Malvinas, tras incorporar reformas impulsadas por bloques aliados y suavizar penalidades que habían generado malestar en corporaciones de los Estados Unidos. La iniciativa quedó formalmente habilitada para ser tratada en el recinto el próximo 18 de noviembre.
El texto de mayoría sumó 60 firmas gracias al acompañamiento del PRO, la diputada Karina Banfi y legisladores del espacio Provincias Unidas. En tanto, el plenario evidenció una fuerte fragmentación opositora con cinco despachos de minoría presentados por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal en acuerdo con el bloque cordobés, el MID e Innovación Federal.
Durante el debate en comisiones, la bancada de Unión por la Patria cuestionó con dureza los condicionamientos externos del texto. El diputado Germán Martínez apuntó contra la influencia de la Casa Rosada y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, al afirmar que el proyecto original respondía a gestiones para congraciarse con actores políticos y corporativos de los Estados Unidos.
Entre las reformas centrales volcadas en el dictamen, se reconfiguró el Consejo de Seguridad frente a agresiones externas: Martín Menem y Bartolomé Abdala se incorporarán con rango de miembros no permanentes, al igual que los mandatarios provinciales y la ministra Alejandra Monteoliva en casos ligados a la seguridad interior, mientras que Victoria Villarruel únicamente intervendría en supuestos de reemplazo presidencial. Asimismo, se implementará una comisión bicameral de ocho integrantes para controlar incidencias operativas de gravedad.
En el aspecto punitivo, el diputado oficialista Damián Arabia confirmó la reducción de sanciones para empresas que operen en la zona en disputa, eximiendo a tenedores de participaciones minoritarias y a quienes acrediten desconocimiento de ilicitud. Del mismo modo, se removió la controversial figura del delito de desinformación para sustituirla por previsiones contra maniobras extranjeras de engaño, dejando a salvo la labor informativa, la investigación académica y la actividad diplomática.
