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El programa económico implementado por la administración nacional mantiene firmes herramientas de contención de precios que paralizan la actividad interna y erosionan los ingresos de la población, según advierten diversos informes sectoriales difundidos a comienzos de noviembre de 2026. La decisión oficial de utilizar las negociaciones paritarias, las jubilaciones y las partidas asistenciales como principales anclas antiinflacionarias profundiza una marcada recesión y destruye el poder adquisitivo en todo el país.
El núcleo de la problemática radica en la combinación de pautas salariales limitadas, jubilaciones rezagadas y un fuerte recorte en el gasto previsional y social. En el mercado laboral formal, la crisis se tradujo en una pérdida superior a 370.000 puestos de trabajo asalariados desde noviembre de 2023, con un impacto particolarmente grave en el sector privado que ya acumula más de 301.000 empleos destruidos en comparación con agosto de ese mismo año, superando los registros negativos del periodo 2018-2019. Como consecuencia, la participación de los trabajadores en la distribución general del ingreso cayó del 45,4% al 42,9%.
En el plano previsional, el gasto acumuló una baja interanual del 9,1% frente a 2025 y del 26% en contraste con 2023, impulsado por recortes en PAMI y programas sociales complementarios. Si bien la Asignación Universal por Hijo experimentó una leve suba por indexación mensual, la Tarjeta Alimentar permaneció congelada nominalmente y perdió poder de compra. Por su parte, la jubilación mínima que percibe más del 60% de los beneficiarios se encuentra un 9,9% por debajo de los valores vigentes al inicio de la actual gestión.
Finalmente, los acuerdos paritarios en gremios de referencia como Comercio, Construcción y Camioneros continúan firmes con topes mensuales que rondan o perforan el 2%, acompañados de sumas fijas consideradas insuficientes. Especialistas económicos concluyen que estas medidas no responden a dinámicas de libre mercado, sino que constituyen piezas deliberadas de un esquema oficial que prioriza la desaceleración inflacionaria a costa de sostener los ingresos populares en niveles históricamente bajos.
