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La llegada del papa León XIV a la Argentina generó una intensa disputa política en la que tanto el gobierno de Javier Milei como los diversos sectores opositores buscan capitalizar su presencia y obtener una foto institucional, en un escenario marcado por la reciente debilidad internacional de la administración libertaria tras los traspiés electorales de sus aliados globales.
El acontecimiento político pone de manifiesto cómo las distintas fuerzas del arco político local intentan posicionarse de cara a la opinión pública. Por un lado, sectores del oficialismo buscan un respaldo simbólico en medio de turbulencias económicas y políticas; por el otro, la oposición pretende utilizar la figura del sumo pontífice para desgastar al oficialismo y especular con un recambio de poder dentro de los márgenes del Estado, soslayando los condicionamientos estructurales de la economía y el poder real.
En paralelo a la puja de los sectores partidarios, organizaciones de sobrevivientes de abusos eclesiásticos aprovecharon la coyuntura de la visita para denunciar el encubrimiento sistemático por parte del clero y del Estado, exigiendo justicia y el fin de la impunidad en las causas que involucran a miembros de la institución religiosa.
