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La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) concretó este jueves un paro total de actividades en las seis líneas de la red y el Premetro, desde las 21 horas hasta el cierre de la jornada. La medida de fuerza fue resuelta e implementada de manera urgente tras confirmarse el fallecimiento de Oscar Pauer, un trabajador jubilado que cumplió funciones durante más de tres décadas en los talleres ferroviarios y cuya muerte se produjo a causa de un cáncer directamente vinculado con la exposición al mineral cancerígeno.
El deceso de Pauer representa la séptima víctima fatal reconocida oficialmente dentro del sector a raíz de la contaminación por amianto, una sustancia cuya importación y uso se encuentran prohibidos en Argentina desde 2003, pero que continúa latente en las formaciones y espacios de trabajo de la red porteña. Según cifras difundidas por la organización gremial, la crisis sanitaria ya afecta a unos 150 trabajadores que padecen diversas patologías derivadas del contacto continuado con el material tóxico.
Durante el desarrollo de la medida, que afectó al servicio nocturno y contó con el respaldo de los usuarios, la tensión escaló en el plano judicial y político. Horas antes del inicio de la protesta, la empresa concesionaria Emova —perteneciente al Grupo Roggio— interpuso presentaciones legales apoyándose en decretos de supuesta esencialidad para intentar prohibir la huelga. Por su parte, la representación sindical respondió con un recurso de nulidad, denunciando una vez más la absoluta desprotección laboral.
Los metrodelegados enfatizaron que el reclamo no se limita a una demanda gremial coyuntural, sino que constituye una exigencia elemental por la vida y la salud pública. Asimismo, la protesta se ensambla con reclamos económicos previos llevados adelante por el sindicato, que incluyen el rechazo a los descuentos salariales arbitrarios aplicados por la compañía y el repudio a la contratación de personal mediante firmas tercerizadas en fraude a los convenios vigentes. Desde la conducción sindical apuntaron la responsabilidad política del Gobierno de la Ciudad por permitir la permanencia de condiciones laborales consideradas mortales bajo tierra.
