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Una jubilada de más de 65 años, identificada como Estela Chávez, cumple más de un mes detenida en la Alcaidía N°15 del barrio porteño de Chacarita tras ser acusada de una tentativa de hurto de un corte de carne en un supermercado, un episodio que genera honda preocupación en el ámbito judicial debido a la desproporción de la medida restrictiva frente a un delito de características excarcelables.
El procedimiento se originó cuando los guardias de seguridad del establecimiento interceptaron a la mujer en la línea de cajas, luego de detectar mediante las cámaras de vigilancia que intentaba ocultar carne entre sus prendas sin llegar a traspasar el sector de pago. En consecuencia, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25 para instruir el sumario correspondiente.
Sin embargo, el avance del expediente acumula cuestionamientos legales y humanitarios. A pesar de que el Código Procesal estipula un plazo breve para definir la situación procesal tras la declaración indagatoria y de que se trata de una tentativa no consumada —sumado a un antecedente similar archivado del año previo—, la prisión preventiva fue dictada a fines de octubre.
Voceros vinculados al caso advirtieron que la permanencia de la imputada en un centro de detención transitorio vulnera las normativas vigentes sobre contención de adultos mayores, al carecer dichos espacios de la infraestructura sanitaria adecuada. Esta situación quedó expuesta cuando la jubilada debió recibir asistencia médica de urgencia a comienzos de noviembre, reabriendo el debate público acerca de la proporcionalidad de las medidas cautelares en contextos de extrema vulnerabilidad social.
