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A un día de la audiencia fijada en Nueva York, en la que comparecerán el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, la defensa denunció que el Gobierno estadounidense bloqueó fondos para impedir que el mandatario costee su representación legal. La politóloga Carolina Escarrá sostuvo que este accionar refleja la naturaleza política y económica del proceso, más allá de cualquier sustento jurídico. Según la especialista, Washington busca controlar petróleo, oro y tierras raras de Venezuela, lo que convierte el juicio en un acto de presión geopolítica.
Escarrá recordó que la acusación original de 2020, impulsada por el entonces fiscal William Barr, estaba vinculada al denominado “Cártel de los Soles”. Sin embargo, tras la detención de Maduro, la demanda fue modificada y apenas menciona al grupo, lo que para la analista demuestra que el caso no responde a un delito de narcotráfico, sino a intereses políticos y económicos. “El secuestro y enjuiciamiento del presidente responde a la estrategia de seguridad de Estados Unidos para contrarrestar la influencia de China en la región”, afirmó.
La experta advirtió que lo que está en juego no es un proceso judicial convencional, sino un acto de supremacía política. Señaló que se violan principios básicos del derecho internacional, ya que un presidente en funciones no puede ser juzgado en tribunales extranjeros. Incluso, indicó que el propio derecho interno estadounidense estaría siendo vulnerado, al desconocer la inmunidad soberana que corresponde a un jefe de Estado reconocido oficialmente.
Otros analistas, como Alfredo Clemente, remarcaron que la jurisprudencia estadounidense obliga a reconocer la legitimidad del mandato de Maduro, lo que invalidaría el proceso en curso. Además, el bloqueo de fondos para impedir que el presidente venezolano pague a su abogado de confianza constituye, según la Corte Suprema de Estados Unidos, un “error estructural” que anula el juicio de forma irreversible. En este contexto, la audiencia del 26 de marzo se presenta como un escenario incierto, más marcado por negociaciones políticas que por argumentos legales.
