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La creciente incorporación de tecnologías digitales en los servicios médicos ha impulsado al diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante del Partido Acción Nacional, a presentar una propuesta de reforma a la Ley General de Salud. El objetivo central es regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito sanitario y garantizar una protección más sólida de los datos personales de los pacientes, considerados información altamente sensible.
La iniciativa plantea la necesidad de establecer criterios claros para el desarrollo, implementación y supervisión de sistemas de IA en salud. Según el documento, estas herramientas pueden mejorar diagnósticos, personalizar tratamientos, predecir enfermedades y optimizar recursos, lo que ampliaría el acceso a servicios médicos en regiones con infraestructura limitada. No obstante, el legislador advierte que la ausencia de regulación podría derivar en errores médicos, afectaciones a pacientes y pérdida de confianza en la tecnología.
Uno de los argumentos principales es la existencia de vacíos normativos en México. Aunque recientemente se incorporó el concepto de salud digital en la legislación, aún no existen disposiciones específicas sobre inteligencia artificial ni mecanismos para clasificar riesgos, auditar algoritmos o definir responsabilidades. Además, la Ley Federal de Protección de Datos Personales reconoce la información de salud como sensible, pero no contempla escenarios actuales como decisiones automatizadas, perfilado clínico o el uso de datos para entrenar algoritmos.
El proyecto toma como referencia marcos internacionales, como el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que clasifica estos sistemas como de alto riesgo y exige evaluaciones estrictas, transparencia y trazabilidad. Asimismo, retoma lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que alertan sobre los riesgos de una adopción acelerada sin controles adecuados. En este sentido, la propuesta busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección de derechos fundamentales, como el acceso a la salud y la privacidad de los datos personales, ambos reconocidos en la Constitución mexicana.
