El fallo de YPF desarma el relato oficial del libertario de ultraderecha Javier Milei

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó la legalidad de la estatización de YPF, evitando que Argentina pagara 18 mil millones de dólares al fondo Burford. Este resultado, originado en la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof en 2012, dejó en evidencia que el actual gobierno no estaba al tanto del desenlace y, en paralelo, evaluaba cómo acordar un pago con los litigantes. La administración de Milei intentó presentar el fallo como fruto de su alineamiento con Donald Trump, aunque los jueces que votaron a favor de Argentina eran cercanos al Partido Demócrata.

Repsol y la estatización

Documentos internos de Repsol mostraban que la empresa española ya planeaba retirarse de Argentina y hasta consideraba vender Vaca Muerta, lo que reforzó la decisión de estatizar YPF. En aquel momento, la compañía desplegó un fuerte lobby mediático y político contra la medida, con exfuncionarios y comunicadores pagos que defendían sus intereses. Sin embargo, la estatización permitió revertir la caída en la producción de petróleo y gas, y sentó las bases para el actual superávit energético.

Apoyos internacionales

Desde 2014, las distintas Procuraciones del Estado mantuvieron una estrategia común frente al litigio. En 2024, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay presentaron amicus curiae en apoyo a Argentina, junto con provincias productoras de hidrocarburos y académicos de derecho. Estos documentos advertían que el fallo de la jueza Loretta Preska era equivocado y representaba un riesgo para el sistema jurídico internacional. La coincidencia de países con distintas orientaciones políticas reforzó la legitimidad de la posición argentina.

Impacto económico y político

La estatización de YPF generó un cambio estructural: entre 2012 y 2015 la producción de petróleo creció 16% y la de gas 25%, mientras la inversión se duplicó respecto a la etapa de Repsol. Hoy, esos dólares provenientes de Vaca Muerta sostienen la balanza energética y benefician al gobierno de Milei, pese a su rechazo ideológico a las estatizaciones. El caso expone cómo decisiones políticas pasadas condicionan el presente y cómo los intentos de privatización y negociación con fondos buitres quedaron desmentidos por la justicia estadounidense.