En el marco del paro docente universitario, clases públicas frente al departamento no declarado de Adorni

Los docentes denunciaron que mientras Adorni percibe una renta de 7 millones de pesos, un ayudante de primera cobra apenas $228.000 mensuales, lo que refleja una pérdida del 55,4% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023. 
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Clases públicas frente al departamento no declarado de Adorni.
Clases públicas frente al departamento no declarado de Adorni.

La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (Cefyl) organizaron una jornada de clases públicas frente al departamento de Manuel Adorni en el barrio de Caballito. La actividad se enmarcó en el paro nacional de la docencia universitaria y buscó visibilizar el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y el aumento del presupuesto para las universidades públicas.

El gobierno desplegó efectivos de la Policía Federal en las inmediaciones del edificio, en lo que fue interpretado como un intento de intimidación hacia los organizadores. Las clases incluyeron temáticas como Macroeconomía, extractivismo, Ley de Glaciares y la última dictadura militar, vinculando la lucha educativa con la defensa de los derechos humanos y el rechazo a las políticas extractivistas impulsadas por el oficialismo.

Los docentes denunciaron que mientras Adorni percibe una renta de 7 millones de pesos, un ayudante de primera cobra apenas $228.000 mensuales, lo que refleja una pérdida del 55,4% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Además, señalaron que el gobierno pretende imponer un aumento del 12,3% en tres cuotas, muy por debajo de la inflación acumulada, y que mantiene la asfixia presupuestaria en programas como la beca Progresar.

La protesta también puso en evidencia las acusaciones contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, tras la compra de un departamento no declarado y otros beneficios cuestionados. En paralelo, la comunidad universitaria advirtió que las políticas del gobierno de Javier Milei buscan avanzar hacia la privatización de la educación, profundizando la crisis salarial y edilicia en las casas de estudio. Los organizadores llamaron a sostener la movilización y a exigir la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.

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