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Vecinos del barrio de Caballito aseguraron que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destina un vehículo oficial de la Jefatura de Gabinete para que su personal doméstico realice compras en el supermercado. La denuncia se conoció tras la mudanza de la familia Adorni a un departamento ubicado en la calle Miró al 500, hecho que generó un fuerte despliegue policial en la zona. Según los testimonios, además del auto de custodia, se observa otro vehículo utilizado para tareas domésticas, lo que contradice la normativa que establece que los autos oficiales deben destinarse exclusivamente a actividades de gestión pública.
La presencia de Adorni en el barrio revolucionó la tranquilidad habitual de la zona. En los últimos días, más de 60 policías fueron asignados para custodiar al funcionario, en medio de las clases públicas organizadas por docentes y estudiantes que reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Los vecinos señalaron que la utilización de recursos estatales para fines personales resulta contradictoria con las medidas de austeridad que el propio Adorni había anunciado al asumir su cargo en diciembre de 2025, cuando revocó permisos para el uso de la flota oficial.
De acuerdo con la información publicada, la Jefatura de Gabinete cuenta con 78 automóviles oficiales, de los cuales Adorni tiene dos a su disposición. La polémica se amplía por la propiedad del departamento en Caballito, registrada por el funcionario en 230 mil dólares. Sin embargo, fuentes del mercado inmobiliario aseguran que un inmueble de esas características, de casi 200 metros cuadrados más cochera, cuesta aproximadamente el doble de lo declarado, lo que genera dudas sobre la transparencia patrimonial del jefe de Gabinete.
La situación de Adorni se vuelve cada vez más delicada, ya que enfrenta críticas tanto por el presunto uso indebido de vehículos oficiales como por la subvaluación de su patrimonio. En un contexto de creciente tensión política y social, las denuncias de los vecinos y las observaciones del mercado inmobiliario alimentan el debate sobre la ética en el ejercicio de la función pública y el contraste entre el discurso oficial de austeridad y las prácticas cotidianas de los funcionarios.
