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El gobierno nacional analiza la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales a mayo de 2027, en lugar de mantener la fecha prevista para octubre. La discusión se da en el más alto nivel político y está vinculada al deterioro económico y a la incertidumbre sobre la reelección de Javier Milei. Mientras algunos funcionarios sostienen que la economía podría recuperarse hacia fin de año, otros advierten que la desconfianza del mercado podría agravarse si no se despeja pronto el escenario electoral.
La Argentina deberá afrontar en 2027 pagos de deuda externa por 28.000 millones de dólares, lo que complica la estrategia financiera del Ejecutivo. Según sectores oficialistas, adelantar los comicios permitiría reducir el riesgo país y facilitar el acceso a los mercados internacionales. Además, desde el plano político, la eliminación de las PASO y un adelantamiento de la fecha acortarían las posibilidades del peronismo de consolidar un candidato competitivo, en un contexto de caída sostenida de la imagen presidencial.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta serias trabas legales. La Constitución Nacional, reformada en 1994, establece que las elecciones deben realizarse dentro de los 60 días previos a la finalización del mandato. Esto significa que, sin una reforma constitucional, el máximo adelantamiento posible sería al 10 de octubre de 2027. Aun así, algunos gobernadores y dirigentes admiten que el oficialismo ya blanqueó su intención de llevar los comicios a mayo, lo que obligaría a modificar los calendarios provinciales.
En paralelo, el oficialismo avanza con una reforma electoral que incluye la eliminación definitiva de las PASO y la implementación de la boleta única. Este cambio, según especialistas, podría dispersar el voto en un escenario con más de 30 partidos habilitados para competir. La posibilidad de que figuras con buena imagen, pero sin estructura nacional, como la vicepresidenta Victoria Villarruel, se presenten en la contienda, añade incertidumbre al panorama político de cara a 2027.
