TELEDIARIO.ar
El Gobierno nacional confirmó que continuará con la reglamentación de la reforma laboral, a pesar de la cautelar que detuvo gran parte de su articulado. Según fuentes oficiales, la estrategia apunta a reforzar la autoridad del Ejecutivo y preparar el terreno para una eventual intervención de la Corte Suprema. La medida judicial, impulsada por la CGT y firmada por el juez del Trabajo Raúl Ojeda, había suspendido 82 artículos de la ley 27802.
Entre los puntos que se reglamentarán figuran el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la ampliación de los servicios esenciales, la creación de categorías de “importancia trascendental” para limitar el derecho de huelga y la habilitación de bancos de horas. El oficialismo considera que estos aspectos son centrales para modernizar las relaciones laborales, aunque reconoce que no podrán aplicarse mientras siga vigente la cautelar.
La reacción inicial del Gobierno fue crítica hacia el juez Ojeda, a quien acusaron de extralimitarse y de tener vínculos con gestiones anteriores. Sin embargo, el magistrado defendió su decisión al señalar que la reforma, en su versión más restrictiva, podría aumentar la conflictividad social. “El conflicto es sano; no se puede tapar un chorro de agua con el dedo”, expresó en declaraciones radiales, subrayando que su fallo buscó preservar la paz social.
En paralelo, el Ejecutivo analiza alternativas judiciales para sortear el freno impuesto en el fuero laboral, incluyendo la posibilidad de un per saltum a la Corte Suprema. Funcionarios aclararon que la reglamentación no debe interpretarse como un desafío directo al juez, ya que su fallo no prohibió expresamente avanzar en esa línea. El Gobierno había intentado previamente acercar posiciones con la CGT, pero las diferencias sobre la prevalencia de convenios colectivos y el poder sindical siguen siendo un punto de tensión.
