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El Congreso nacional volvió a ser escenario de un intenso debate en torno a la reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción en el Senado y que pretende modificar los presupuestos mínimos de protección de glaciares y del ambiente periglacial. En una reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, el oficialismo obtuvo dictamen para llevar el proyecto al recinto este jueves, pese a las críticas por la exclusión de más de 100 mil personas inscriptas en la audiencia pública.
Durante la sesión, participaron funcionarios nacionales y provinciales vinculados al sector minero, quienes defendieron la iniciativa. Entre ellos se encontraban el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y representantes de las áreas de minería y ambiente de provincias como San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza. La presencia de estos funcionarios fue interpretada por sectores opositores como una muestra del fuerte lobby minero detrás de la reforma.
El diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda Unidad, cuestionó duramente el proyecto y calificó las audiencias públicas como “fraudulentas”, al señalar que la gran mayoría de los inscriptos no pudo expresarse. Según Del Caño, la reforma responde a los intereses de las mineras y de los gobernadores aliados, y constituye “una ley para el saqueo y la destrucción ambiental”, avalada por distintos partidos políticos. Además, denunció que se trata de una iniciativa impulsada bajo presión internacional, particularmente de Estados Unidos.
La discusión sobre la Ley de Glaciares se da en un contexto de creciente movilización social y ambiental. Organizaciones como Greenpeace ya realizaron protestas contra la reforma, con detenciones incluidas, y se multiplican las convocatorias bajo la consigna “¡La Ley de Glaciares no se toca!”. El desenlace legislativo será clave para definir si se mantiene la protección vigente o si se abre la puerta a una mayor explotación minera en zonas de alta sensibilidad ecológica.
