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El presidente Javier Milei impulsó desde Israel la reforma electoral que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa generó un movimiento inmediato en la Casa Rosada, donde funcionarios y operadores políticos comenzaron a negociar con gobernadores y bloques aliados para garantizar los votos en Diputados. El oficialismo considera que el resultado de esta discusión marcará un punto de inflexión en la gestión.
Según fuentes parlamentarias, el Gobierno confía en repetir la mayoría obtenida en 2025, cuando se aprobó la suspensión de las PASO con 162 votos, gracias al apoyo del PRO, sectores de la UCR y otros aliados. En esta ocasión, las conversaciones se centran en dirigentes como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba), quienes podrían aportar respaldo a la iniciativa. La Libertad Avanza da por descontado el acompañamiento del PRO, basándose en declaraciones previas de Jorge Macri.
El debate se produce en un contexto político complejo. La oposición cuestiona la maniobra y advierte que el oficialismo busca exponer a quienes apoyaron la suspensión en 2025 pero ahora se oponen a la eliminación definitiva. Además, la UCR presentó un proyecto paralelo que incluye la cláusula de “Ficha Limpia”, interpretada como una respuesta directa a los escándalos que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Casa Rosada, por su parte, habla del “A29-D29” como un momento bisagra, en referencia al informe de gestión que Adorni brindará el 29 de abril.
En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, presiona para cerrar acuerdos antes del Mundial 2026, con el objetivo de ordenar la política y reducir la incertidumbre económica. El Gobierno busca evitar sobresaltos financieros entre septiembre de 2026 y las elecciones de 2027. Sin embargo, el panorama legislativo se presenta complicado, con negociaciones cruzadas que involucran elecciones, reforma electoral y la propia estabilidad del programa económico.
