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El Gobierno de China expresó su “firme oposición” y “fuerte descontento” ante la decisión de la Unión Europea de incluir a compañías chinas en el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Un portavoz del Ministerio de Comercio acusó a Bruselas de actuar de manera arbitraria e ignorar las gestiones diplomáticas realizadas por Pekín. La medida, según el funcionario, socava la confianza mutua y el marco general de las relaciones bilaterales.
Pekín reiteró su rechazo histórico a las sanciones unilaterales que no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. El vocero calificó las restricciones como una aplicación ilegal de la llamada “jurisdicción de brazo largo”, mediante la cual Europa pretende sancionar a empresas y ciudadanos chinos bajo normativas ajenas a su jurisdicción directa. La agencia Xinhua advirtió que esta acción contradice el espíritu de consenso alcanzado en recientes cumbres bilaterales y pone en riesgo la estabilidad de los vínculos económicos en un contexto global frágil.
El Ministerio de Comercio instó enérgicamente a la UE a retirar de inmediato a las empresas chinas de las listas de restricciones y retomar el diálogo para resolver preocupaciones comunes. Asimismo, lanzó una advertencia clara: “China adoptará las medidas necesarias para defender con firmeza los derechos e intereses legítimos de sus empresas”, puntualizando que todas las consecuencias de una escalada recaerán exclusivamente sobre la parte europea.
El paquete aprobado por el Consejo de la UE representa el esfuerzo restrictivo más amplio de los últimos dos años e incluye 120 nuevas limitaciones individuales y corporativas. Las sanciones abarcan sectores clave de la economía rusa y sientan las bases para prohibiciones futuras en servicios marítimos relacionados con el crudo y productos petrolíferos. Con la inclusión de empresas chinas bajo el argumento de su presunta colaboración con el complejo industrial-militar ruso, la Unión Europea abre un nuevo frente de disputa con su principal socio comercial, mientras China exige respeto a su soberanía económica y a su derecho de mantener relaciones con cualquier nación.
