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El expresidente Evo Morales denunció que enfrenta una “guerra jurídica” y una “brutal persecución judicial y mediática” impulsada por el gobierno de Luis Arce. La acusación surge luego de que se fijara fecha para un juicio en su contra por trata de personas y de que el Ejecutivo anunciara que indagará en Estados Unidos una supuesta participación de Morales en casos de narcotráfico. Según el líder del MAS, estas causas son armadas con el objetivo de destruirlo política y personalmente.
Morales afirmó que el gobierno busca tapar su “desastrosa y corrupta gestión” mediante operaciones judiciales y mediáticas. En sus redes sociales, acusó al Ejecutivo de someterse a Estados Unidos, pidiendo informes falsos y “clamando a Trump que invada violentamente Bolivia para aniquilar a los líderes populares, indígenas, sindicalistas y ciudadanos antiimperialistas”. Recordó que desde hace 40 años lo acusan de narcotraficante y terrorista sin pruebas concretas, y subrayó que no busca impunidad, sino que sus acusadores presenten evidencias reales y legales.
El exmandatario exigió una justicia imparcial, honesta y autónoma del poder político, y señaló que los casos de narcotráfico en Bolivia se remontan a los gobiernos de Rodrigo Paz y Jaime Paz Zamora. Morales insistió en que las acusaciones en su contra forman parte de una estrategia de “lawfare” destinada a neutralizar a los líderes opositores y movimientos sociales. La denuncia refuerza la tensión política en Bolivia y anticipa un escenario de confrontación judicial y mediática de alto impacto.
