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La represión ordenada por el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia dejó cuatro muertos y más de un centenar de detenidos el 16 de mayo, en el marco de operativos de desbloqueo en distintas regiones del país. Entre las víctimas se encuentran comunarios como Rubén Callisaya Marca y Alberto Cruz Chiche, Mallku de Taraco. La violencia policial y militar generó un fuerte repudio de organizaciones sociales y de derechos humanos.
A pesar de la gasificación y el uso de balines, vecinos, campesinos y trabajadores resistieron durante más de trece horas y retomaron los puntos de bloqueo. El secretario ejecutivo de la Federación “Tupaj Katari”, Vicente Salazar Limachi, denunció el “uso desmedido y criminal” de las fuerzas represivas, mientras el gobierno intentó justificar la operación bajo el nombre de “Operativo Humanidad”, acusando a los manifestantes de impedir el paso de ambulancias.
Las organizaciones sociales advierten que la movilización responde al encarecimiento de los alimentos y el combustible, así como al rechazo al ajuste impulsado por el gobierno y los empresarios. Desde el ProDHCre exigieron justicia para las víctimas y libertad para los detenidos, mientras se intensifica la bronca social y se llama a fortalecer la unidad de las luchas contra la criminalización de la protesta.
