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La huelga general en Bolivia, que comenzó con la movilización campesina contra la ley 1720, se ha transformado en un movimiento nacional con más de 50 cortes de ruta y bloqueos que paralizan al país. El intento del gobierno de abrir un “corredor humanitario” hacia La Paz con una caravana de 150 vehículos y miles de efectivos terminó en fracaso ante la resistencia popular. La Central Obrera Boliviana (COB) sancionó la medida en su plenario del 1° de mayo, y distintos sectores —docentes, mineros y fabriles— se sumaron en reclamo de aumentos salariales y contra la privatización de recursos estratégicos como el litio.
Rodrigo Paz, lejos de retroceder, ha endurecido su postura con órdenes de detención contra dirigentes sindicales y mantiene presos a decenas de manifestantes. La posibilidad de un “Estado de Excepción” genera alarma entre los huelguistas, que rechazan cualquier diálogo mientras continúe la represión. Evo Morales y otros sectores proponen elecciones anticipadas en 90 días, aunque desde las bases campesinas y obreras se plantea la necesidad de un gobierno revolucionario que enfrente al capital y al imperialismo.
La crisis boliviana se internacionaliza con el apoyo de gobiernos como los de Milei, Chile, Perú y recientemente Lula da Silva, que enviaron “ayuda humanitaria” en respaldo a Paz. Desde la izquierda se denuncia que estos envíos buscan quebrar la huelga y se llama a la solidaridad internacional para frenar la intervención extranjera. La situación abre un escenario de confrontación política que podría derivar en transformaciones profundas si la huelga logra consolidarse y extenderse.
