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En el oficialismo reconocen que la demora en la presentación de la declaración jurada responde a un intento de “acomodar los números” y evitar que surjan más vínculos con contratistas como Matías Tabar, que ya lo comprometieron con gastos millonarios. Sin embargo, consideran que cuando finalmente se conozca el documento, el impacto será mayor y el escándalo volverá a ocupar la agenda pública, incluso en medio de la expectativa por el Mundial que comienza en pocos días. La sospecha es que los papeles abrirán nuevas líneas de investigación tanto para la justicia como para el periodismo.
Las fuentes consultadas señalan que Adorni intentará justificar su crecimiento patrimonial mediante los llamados “mutuos”, préstamos extrabancarios similares a los que habría recibido de jubiladas y policías para adquirir propiedades. En la Rosada creen que le resultará difícil conseguir personas dispuestas a figurar en esos contratos, ya que el fiscal Gerardo Pollicita los citaría de inmediato y pondría bajo la lupa sus patrimonios. A esto se suma la dificultad de encontrar un escribano que firme la declaración jurada, dado que cualquier profesional que lo haga quedaría expuesto a citaciones judiciales y a riesgos sobre su matrícula.
Otro punto de alarma es la diferencia que se espera entre la nueva declaración jurada y las anteriores, tanto la presentada en 2025 como la que entregó a la Justicia Electoral porteña cuando fue candidato a legislador. En el oficialismo calculan que deberá justificar gastos cercanos al millón de dólares, lo que podría agravar aún más las sospechas de enriquecimiento ilícito. La incertidumbre sobre cómo Adorni resolverá esta situación mantiene en vilo al gobierno y amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de crisis política.
