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El presidente Javier Milei modificó su itinerario internacional con el fin de ausentarse del país durante la crucial sesión en el Senado prevista para este jueves, donde se debatirá la reforma a la Ley de Extranjerización de Tierras. La estrategia trazada desde la Casa Rosada busca evitar de forma directa que la vicepresidenta Victoria Villarruel quede al frente del recinto en un debate parlamentario de desenlace impredecible. Debido a la ausencia del Jefe de Estado en territorio nacional, Villarruel deberá asumir de manera interina la Presidencia de la Nación, quedando imposibilitada constitucionalmente para conducir el debate en la Cámara Alta.
El trasfondo de esta maniobra responde a la marcada paridad en el recuento de votos y la extrema incertidumbre sobre el resultado final de la votación. Dentro del Congreso cobra peso la hipótesis de un empate 35 a 35, escenario en el cual, si la titular del Senado mantuviera la conducción de la Cámara, tendría la responsabilidad de definir la ley con su voto individual. Por esta razón, el Gobierno reconfiguró el viaje presidencial: Milei adelantó su salida para el miércoles por la noche rumbo a Ecuador antes de continuar viaje hacia Colombia, garantizando su estadía en el exterior durante la totalidad de la jornada del jueves.
El proyecto de ley en discusión propone incrementar del 15% al 25% el tope de tierras rurales que pueden ser adquiridas por capitales extranjeros en el país. Aunque el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pretendía en un inicio eliminar de forma completa cualquier restricción para la compra de terrenos, negociaciones conducidas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, terminaron consensuando el límite del 25% junto a sectores de la oposición dialoguista para posibilitar su tratamiento parlamentario.
Actualmente, las proyecciones en el Senado exhiben una paridad absoluta con 32 votos confirmados a favor de la iniciativa oficialista —integrados por La Libertad Avanza, un sector del radicalismo y el PRO— frente a 33 sufragios en rechazo impulsados por el bloque justicialista y senadores provinciales. De este modo, el desenlace de la normativa quedará supeditado a las decisiones de siete legisladores indecisos que aún no hicieron pública su postura, convirtiendo la sesión en una pulseada política de alto voltaje e importancia estratégica para el Poder Ejecutivo.
