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La crisis política que rodea a Manuel Adorni se profundiza tras las explicaciones poco convincentes sobre el incremento de su patrimonio desde su llegada a la Casa Rosada. La oposición decidió impulsar una moción de censura, mecanismo incorporado en la reforma constitucional de 1994 pero jamás aplicado en los 32 años transcurridos. De prosperar, Adorni se convertiría en el primer jefe de Gabinete en ser removido por esta vía, lo que representaría un golpe institucional de gran magnitud para el gobierno libertario de Javier Milei.
El procedimiento exige pasos complejos: primero, la aprobación de un pedido de interpelación por mayoría absoluta en cualquiera de las dos cámaras. Luego, el funcionario debe concurrir al Congreso para responder preguntas de los legisladores. Finalmente, tanto Diputados como Senadores deben votar la moción de censura con mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros, lo que habilitaría la destitución inmediata. En este contexto, la oposición ya convocó a una sesión especial en Diputados para el 23 de junio, mientras que el Partido Justicialista busca acelerar una sesión única en el Senado.
Las críticas contra Adorni se multiplican. El diputado socialista Esteban Paulón denunció que el jefe de Gabinete “mintió al Congreso” y cayó en contradicciones que dificultan su continuidad. Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria y autor del primer proyecto de moción de censura, aseguró que “hace 100 días que el gobierno está enredado en esta novela” y que Adorni “le mintió al Congreso, a la prensa y a los 47 millones de argentinos”. Para la oposición, el funcionario perdió la confianza necesaria para ejercer su rol de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Mientras tanto, desde el oficialismo se intenta sostenerlo. Karina Milei salió públicamente a respaldar a Adorni, aunque las tensiones internas y el creciente desgaste político hacen cada vez más difícil contener la crisis. El desenlace dependerá de la capacidad de la oposición de reunir las mayorías necesarias en ambas cámaras, en un proceso que podría marcar un precedente histórico en la política argentina.
