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La Corte Suprema resolvió este jueves desestimar la queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el Estado, en relación con el Decreto 759/25. De esta manera, el máximo tribunal ratificó lo dispuesto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal y el fallo de primera instancia que ordenaba al Gobierno cumplir con la ley aprobada en 2025. La decisión implica la obligación de aplicar los artículos vinculados a salarios de docentes y no docentes, así como a las becas estudiantiles, consolidando un revés judicial para la administración nacional.
El expediente se originó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, que en diciembre había ordenado al Gobierno aplicar la norma. En la práctica, el fallo se traduce en medidas similares a las acordadas recientemente entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios, como el aumento del 21,3% en junio y del 3% en octubre. Sin embargo, la resolución judicial también obliga a cumplir con el incremento de las becas Progresar, un punto que no había sido contemplado en el acuerdo firmado con los rectores y sindicatos.
La disputa por la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario continúa tanto en los tribunales como en las calles. Mientras los sindicatos mantienen el reclamo por su aplicación integral, el Gobierno había solicitado suspender la sentencia, pero la Corte rechazó esa posibilidad. El trasfondo político se remonta a la oposición del presidente Javier Milei a aplicar la norma, pese a haber sido obligado a promulgarla por el Congreso. La decisión del máximo tribunal refuerza la autonomía universitaria y marca un precedente en la defensa del financiamiento educativo en el país.
