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El fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en la causa que investiga al vocero presidencial, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, solicitando explicaciones formales y documentación respaldatoria sobre la evolución e inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales. La medida judicial busca determinar el origen legítimo de los fondos y activos informados por el funcionario, en el marco de un expediente penal iniciado a partir de denuncias sobre el crecimiento de su patrimonio en los últimos años.
En esta etapa del proceso, la fiscalía requirió precisiones detalladas respecto de la adquisición de bienes registrables, tenencia de divisas, depósitos bancarios y otros activos declarados por el vocero. El pedido de explicaciones constituye un paso procesal clave dentro de la instrucción, destinado a corroborar la trazabilidad financiera del investigado antes de resolver si existen elementos suficientes para avanzar hacia instancias de citación indagatoria.
La causa cobró fuerte trascendencia institucional debido al rol público que desempeña el funcionario en la administración nacional y al contraste señalado entre sus ingresos declarados y sus tenencias patrimoniales. Investigadores del fuero federal y organismos de control han puesto el foco en la congruencia contable de las presentaciones del vocero ante la Oficina Anticorrupción, evaluando si el incremento patrimonial se adecúa a los parámetros legales fijados por la normativa de ética en el ejercicio de la función pública.
Tras la notificación y el otorgamiento de los plazos reglamentarios para que la defensa aporte los descargos contables, bancarios e impositivos correspondientes, la fiscalía analizará la prueba documental recabada para definir el curso del expediente. La resolución que dicte el fiscal Pollicita determinará el futuro de la investigación en los tribunales de Comodoro Py, en un caso que concita especial atención en el ámbito político y judicial.
