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El presidente Rodrigo Paz oficializó siete decretos supremos que abarcan desde la apertura parcial del mercado de combustibles hasta la reducción temporal de aranceles para importaciones. Entre las disposiciones más relevantes se incluye la eliminación de la reserva minera en Chuquihuta, Potosí, con el objetivo de socializar las ventajas de la prospección y exploración de recursos minerales. También se establecen exenciones de tributos aduaneros para donaciones internacionales destinadas al Ministerio de Salud y la Agencia Boliviana de Energía Nuclear.
En el área energética, el paquete contempla ajustes en las tarifas de electricidad y la eliminación de subsidios a los hidrocarburos, lo que implica un incremento en los precios de la gasolina y el diésel. Paralelamente, se fijó el salario mínimo nacional en 3.300 bolivianos, con carácter retroactivo al 1 de enero de 2026, y se reforzaron programas sociales como el Bono Juancito Pinto, que sube a 300 bolivianos, y la Renta Dignidad, que aumenta en 150 bolivianos.
El Ejecutivo destacó que estas medidas forman parte de un plan más amplio de inversiones, con la ejecución de 8.900 obras en los próximos seis meses, y de reformas estructurales en economía, justicia, salud y educación. Según Paz, el paquete busca modernizar el Estado y fortalecer su capacidad de respuesta frente a la crisis de abastecimiento y las tensiones sociales, en un contexto de reconfiguración de la política económica nacional.
