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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) experimentó un repunte durante el mes de julio al alcanzar el 2,1%, superando el 1,9% registrado en junio y acumulando un incremento interanual del 33,8%. Este repunte estuvo traccionado principalmente por el encarecimiento de los servicios esenciales, que avanzaron un 3,1%, y de los rubros regulados, como transporte, prepagas y tarifas de electricidad y gas, lo que pone de manifiesto la continua presión que la liberación de precios y los ajustes tarifarios ejercen sobre el costo de vida general.
El encarecimiento impacta de manera prioritaria en las necesidades de subsistencia, dado que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió un 2,6% en el mes, ubicándose por encima del promedio general de inflación y acumulando un 37,4% interanual. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) ascendió a más de $1.564.000, una cifra que evidencia la brecha respecto a los ingresos de amplios sectores de la población, sin contemplar además los gastos de alquiler de vivienda, cuyos incrementos interanuales oscilan entre el 44% y el 73% según las diferentes regiones del país.
En este escenario, los ingresos de los trabajadores continúan perdiendo poder adquisitivo frente al avance de los precios. Las mediciones oficiales señalan que los salarios registrados acumulan un retroceso real del 8,7% promedio en comparación con finales de 2023, siendo el sector público el más afectado con una caída cercana al 18%, mientras que en el sector privado el descenso se ubica en torno al 3,6%, obligando a los hogares a recurrir al endeudamiento o al pluriempleo para cubrir los gastos indispensables.
El deterioro del poder de compra y la falta de recuperación salarial han profundizado el malestar social y detonado diversos reclamos laborales en todo el país. En respuesta al encarecimiento del costo de vida y a los aumentos en servicios y alimentos, gremios del ámbito educativo, tanto provinciales como universitarios, impulsan medidas de fuerza y planes de lucha para exigir una urgente recomposición salarial, la actualización de las jubilaciones y un freno a las subas de tarifas.
