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La privatización de la Hidrovía, clave para el comercio exterior argentino, se concretó bajo la Resolución N° 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. El contrato asegura la continuidad de Jan De Nul, que ya lleva tres décadas operando el dragado y balizamiento, y suma a Servimagnus SA como socia local. El proceso estuvo acompañado por gestiones de la Embajada de Estados Unidos, que garantizó la ausencia de tecnología china y reforzó el alineamiento geopolítico con la Casa Blanca. Críticos advierten que este esquema habilita la injerencia militar y tecnológica norteamericana en el control de los recursos naturales argentinos.
Las denuncias apuntan a que el pliego licitatorio fue diseñado para favorecer a Jan De Nul, con exigencias técnicas y económicas restrictivas que limitaron la competencia. El sindicato APDFA denunció la falsificación de documentos supuestamente avalados por la ONU, lo que derivó en presentaciones judiciales por fraude y direccionamiento. Empresas competidoras como DEME Group y Rohde Nielsen quedaron fuera del proceso y reclamaron por la falta de transparencia. Paralelamente, se cuestiona la tercerización de operaciones en beneficio de familias empresarias como Neuss, Romero, Elías, Román y Ondarcuhu, todas con antecedentes de negocios vinculados al poder político y acusaciones de corrupción.
El trasfondo revela un entramado de negociados que involucra a las principales agroexportadoras —Cargill, Viterra, COFCO, LDC, Bunge, ADM y AGD— que concentran el 75% de las operaciones y han sido señaladas por maniobras de evasión y manipulación de precios. La entrega de la Hidrovía, sostienen especialistas, consolida un modelo de saqueo de divisas y recursos estratégicos, mientras se profundiza la dependencia de intereses extranjeros y se margina cualquier perspectiva de gestión estatal y democrática del río Paraná. La polémica licitación abre un nuevo capítulo en la disputa por el control de una vía fundamental para la economía argentina.
