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Un informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral advirtió sobre una profunda transformación en la composición sociodemográfica de las personas en situación de calle en la Argentina. Lejos de constituir un fenómeno marginal asociado únicamente a problemáticas de exclusión de larga data, la vida a la intemperie se ha transformado en el punto de llegada del deterioro económico para familias, jubilados, jóvenes y trabajadores que recientemente perdieron su empleo o la capacidad de costear un techo.
El relevamiento, conducido por los investigadores Daniela Valiente y Agustín Alessio, identifica al mercado inmobiliario y a la pérdida de ingresos como las principales fronteras que dividen la contención social de la indigencia absoluta. En un contexto marcado por una creciente inquilinización de la sociedad —donde el porcentaje de familias inquilinas pasó del 12% en 1991 a casi el 21% en la actualidad—, la imposibilidad de afrontar un alquiler formal o informal actúa como el desencadenante definitivo una vez que las redes familiares y comunitarias agotan sus posibilidades de auxilio.
Los datos recolectados exponen la severa vulnerabilidad a la que se enfrentan quienes quedan desamparados en la vía pública: apenas el 14,8% logró concluir sus estudios secundarios y un 61,5% no percibe ningún tipo de transferencia o asistencia económica por parte del Estado. A esta desprotección material se suma un grave deterioro en las condiciones de vida y de salud, dado que más de la mitad de los encuestados reportó haber sufrido episodios de violencia desde que reside en la calle y solo una de cada tres personas pudo acceder a una consulta médica durante el último año.
Frente a este escenario, los especialistas sostienen que la problemática exige superar los abordajes de mera emergencia estacional y avanzar hacia una política pública federal y de carácter preventivo. Para frenar el incremento de familias a la intemperie, el estudio propone consolidar herramientas de contención ante inminentes desalojos, brindar acompañamiento psicosocial interdisciplinario y restituir el acceso a la vivienda estable como una prioridad central para garantizar proyectos de vida dignos.
