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Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), accedió en febrero de 2025 a un crédito hipotecario por $373 millones otorgado por el Banco Nación para financiar una propiedad de 389 metros cuadrados en el partido bonaerense de San Isidro. La cifra, que equivalía en ese momento a unos 315.000 dólares MEP, superó por más de tres veces el promedio de los préstamos hipotecarios otorgados durante el primer semestre de ese año, que rondaba los $100 millones, tras quedar registrada en la Central de Deudores del Banco Central y ser corroborada mediante su declaración jurada patrimonial.
A pesar de que el funcionario argumentó públicamente haber tramitado la operación «como cualquier hijo de vecino» por percibir allí sus haberes, la documentación financiera reveló que Núñez utilizó una línea crediticia exclusiva para empleados del sector público. Esta alternativa estatal brindaba condiciones sustancialmente más ventajosas que las disponibles para el público general: permitía cubrir hasta el 90% del valor del inmueble frente al 75% tradicional y fijaba una tasa anual del 4,5%, muy por debajo de las tasas generales que llegaban a trepar hasta el 9,78%. Para calificar al crédito en el límite del programa, se requería acreditar ingresos mensuales superiores a los $6 millones para afrontar una cuota inicial de $1,8 millones.
Por su parte, desde el Banco Nación defendieron la operatoria y remarcaron que el sistema de concesión es homogéneo, automatizado y sin excepciones para todos los postulantes que cumplan los requisitos formales de evaluación crediticia. En consecuencia, la información disponible no acredita irregularidades legales en el otorgamiento del crédito, sino el aprovechamiento de un esquema financiero especial que la banca pública reserva para su planta estatal, marco en el cual también se registraron operaciones de otros funcionarios y legisladores oficialistas que sumaron en conjunto más de $2.500 millones en préstamos de la entidad.
El caso reavivó una fuerte controversia política al evidenciar el contraste entre la narrativa oficial contra los beneficios del sector público y las decisiones patrimoniales de los propios integrantes del gabinete libertario. La utilización de líneas estatales preferenciales para operaciones inmobiliarias millonarias por parte de colaboradores cercanos a la conducción económica generó repercusiones internas en el Gobierno, en un contexto donde la gestión libertaria promueve el retiro de la intermediación estatal mientras sus propios cuadros se apalancan en la banca pública.
