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El conflicto entre el Gobierno nacional y la comunidad universitaria alcanzó un nuevo pico de tensión tras el rotundo fracaso de la reunión paritaria, en la que los gremios docentes y nodocentes rechazaron de manera unánime un ofrecimiento salarial del 3%. Las federaciones que integran el Frente Sindical Universitario calificaron la propuesta del Ejecutivo como una «provocación vergonzosa» que carece de todo anclaje con las cifras oficiales de inflación y confirmaron la realización de un paro nacional de actividades por 24 horas para este miércoles, con la advertencia de que definirán nuevas medidas de fuerza hacia el cierre de la semana.
El reclamo de los representantes de los trabajadores exige una recomposición salarial urgente del 31,2%, el pago de sueldos adeudados, la reactivación del FONID y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Dirigentes como Clara Chevalier (CONADU) y representantes de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) denunciaron además que la cartera oficial ignora los compromisos asumidos previamente sobre las mesas técnicas para niveles preuniversitarios, la aplicación del nomenclador del Convenio Colectivo de Trabajo y el giro adecuado de partidas para hospitales universitarios, becas y gastos de funcionamiento.
La frustrada negociación salarial coincidió con un duro revés judicial para la administración de La Libertad Avanza en los tribunales federales. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, rechazó la solicitud presentada por el Ministerio de Capital Humano para levantar la medida cautelar que protege el presupuesto universitario y le otorgó al Estado un plazo perentorio de tres días para remitir un informe documentado que acredite el estado de cumplimiento de la ley votada por el Congreso, ratificada por los legisladores tras el veto presidencial y avalada por la Justicia.
Para desestimar la pretensión oficial, el magistrado consideró plenamente subsistente el «peligro en la demora», descartando que los incrementos parciales otorgados previamente por el Gobierno subsanen el severo deterioro de los ingresos y el funcionamiento del sistema público de educación superior. El fallo recogió las objeciones del Consejo Interuniversitario Nacional y las representaciones sindicales, quienes advirtieron que los montos ejecutados resultan insuficientes y dejan desfinanciadas áreas estratégicas como la infraestructura, los haberes de investigación y los programas integrales de ayuda estudiantil.
