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El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, descartó de manera tajante la posibilidad de que el Estado intervenga para auxiliar a las familias golpeadas por el sobreendeudamiento con tarjetas de crédito destinadas a la compra de productos de primera necesidad. Durante una entrevista televisiva con el canal A24, el funcionario remarcó que las deudas contraídas representan un acuerdo estrictamente entre privados y sostuvo que cada ciudadano debe asumir la responsabilidad individual por las decisiones financieras que haya tomado.
El titular del Palacio de Hacienda contextualizó la creciente mora en los créditos de consumo como un fenómeno dinámico del sistema financiero y reveló haber advertido previamente a las entidades bancarias sobre el riesgo de otorgar préstamos a tasas del 10% mensual en un escenario de salarios creciendo al 2%. Pese a este panorama, desestimó cualquier política de salvataje público e instó a los deudores a asumir los costos de sus obligaciones financieras, aun cuando relevamientos privados señalan que la mitad de la población recurrió al endeudamiento para solventar gastos básicos como la alimentación.
El escenario de morosidad alcanzó niveles críticos tras la desregulación del mercado financiero impulsada mediante un decreto de necesidad y urgencia, el cual eliminó los topes máximos a las tasas de interés y recargos aplicados por las entidades bancarias. Esta medida derivó en que los financiamientos mediante tarjeta de crédito llegaran a registrar costos financieros totales cercanos al 500% anual, complicando significativamente la capacidad de pago de los usuarios que refinancian saldos mes a mes.
Para justificar la inacción estatal frente a esta problemática socioeconómica, Caputo apeló al concepto de "riesgo moral" (moral hazard) y argumentó que auxiliar a quienes contrajeron compromisos financieros sienta un mal precedente. En este sentido, sostuvo que no es posible determinar si la toma del crédito respondió a necesidades apremiantes o a especulaciones sobre la coyuntura política y económica del país, por lo que depositó la resolución del conflicto exclusivamente en la renegociación privada entre los bancos y sus clientes.
