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El proyecto modifica la Ley de Tierras (26737) eliminando el límite del 15% de propiedad extranjera en el territorio nacional, provincial y municipal, y habilita la compra de tierras que contengan lagos y ríos, hasta ahora prohibida por razones de soberanía y acceso público al agua. Esto podría favorecer la concentración de tierras en manos de multimillonarios extranjeros, especialmente en zonas estratégicas como la Patagonia, los humedales mesopotámicos y las áreas mineras del Noroeste, donde ya existen enclaves con fuerte influencia política y económica.
En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego (26815), la propuesta elimina las restricciones que impedían el cambio de uso del suelo tras incendios forestales o rurales durante 60 y 30 años respectivamente. De prosperar, se habilitaría la especulación inmobiliaria en zonas cordilleranas, donde históricamente los incendios fueron utilizados para liberar terrenos destinados a grandes emprendimientos. Asimismo, la Ley de Expropiaciones (21499) se vería alterada al encarecer las indemnizaciones y burocratizar los trámites, dificultando que el Estado pueda declarar bienes de utilidad pública para obras sociales o urbanísticas.
El proyecto también impacta en la Ley de Desalojos (17454), al permitir que las familias sean desalojadas en apenas 72 horas, sin audiencia ni derecho de apelación, lo que agrava la vulnerabilidad de quienes habitan terrenos o viviendas en disputa. Finalmente, la Ley de Integración Sociourbana (27453), que buscaba mejorar las condiciones habitacionales en barrios populares, perdería fuerza con la eliminación de la suspensión de desalojos y la supresión de la potestad estatal para declarar terrenos de utilidad pública. Esto se suma a la eliminación previa del Fondo de Integración Sociourbana (Fisu), dejando sin respaldo a miles de familias que dependían de esas obras para mejorar su calidad de vida.
