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La propuesta del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) plantea otorgar ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias a corporaciones que desembolsen capitales en el país. Según sus defensores, este esquema permitiría dinamizar la economía y generar empleo en sectores estratégicos. Sin embargo, especialistas y organizaciones sociales advierten que las condiciones ofrecidas son tan amplias que podrían convertir a la Argentina en un “paraíso corporativo”, donde las empresas operen con mínima responsabilidad tributaria y escaso control estatal.
El rechazo se ha manifestado en ámbitos políticos, sindicales y académicos, que señalan que el super RIGI es una de las “patas del tridente” de Milei para transformar el país bajo una lógica de desregulación extrema. Los críticos sostienen que, lejos de fomentar un desarrollo equilibrado, el régimen favorecería a grandes corporaciones extranjeras en detrimento de la industria nacional y de las pequeñas y medianas empresas. Además, alertan que las cláusulas de estabilidad fiscal y jurídica incluidas en el proyecto blindarían a las compañías frente a cualquier intento futuro de modificar las reglas.
En este contexto, el debate sobre el super RIGI se ha convertido en un punto de tensión central en la agenda política argentina. Mientras el gobierno insiste en que se trata de una herramienta indispensable para atraer inversiones y modernizar la economía, las voces opositoras remarcan que el costo social y económico podría ser demasiado alto. La discusión promete intensificarse en el Congreso y en la calle, donde distintos sectores ya anticipan movilizaciones para frenar lo que consideran un modelo de entrega y subordinación a intereses corporativos.
