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La última actualización del Registro Nacional de Tierras Rurales, correspondiente a agosto de 2025, revela que el 8,22% del territorio rural catamarqueño pertenece a personas físicas o jurídicas extranjeras. Este porcentaje coloca a la provincia detrás de Salta, Misiones y San Juan, y apenas por delante de Mendoza y Santa Cruz, en el ranking nacional de extranjerización de tierras. Sin embargo, el promedio provincial oculta diferencias significativas: Tinogasta registra un 26,61% de sus 2,3 millones de hectáreas en manos foráneas, mientras que Paclín alcanza el 20,66% de sus 98.373 hectáreas rurales.
Ambos departamentos concentran recursos naturales estratégicos como agua, minerales, glaciares y periglaciares. Tinogasta, en particular, aparece en informes nacionales que advierten sobre la superposición entre la extranjerización de tierras, la presencia de glaciares y los proyectos mineros vinculados a reservas de agua dulce y yacimientos de litio. Esta situación genera preocupación en sectores sociales y académicos, que alertan sobre el impacto en la soberanía y en la gestión de recursos vitales para el futuro de la provincia.
El Senado nacional debatirá en los próximos días un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que busca derogar la Ley de Tierras Rurales N° 26.737, sancionada en 2011. La iniciativa, conocida como ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, eliminaría los límites que impiden a los extranjeros poseer más del 15% de tierras rurales por país, provincia o departamento, además de la restricción que fija un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola. De aprobarse, el escenario podría abrir la puerta a una mayor concentración de tierras en manos extranjeras, profundizando las tensiones en provincias como Catamarca.
