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Un reciente informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) reveló una drástica contracción del 42% en el poder adquisitivo de los jubilados que perciben el haber mínimo. Actualmente, la suma del haber básico de $419.775 y el bono extraordinario de $70.000 —manteniéndose este último congelado desde marzo de 2024— sitúa el ingreso total en poco más de $489.000. La decisión gubernamental de no actualizar dicho suplemento en consonancia con la nueva fórmula de movilidad ha derivado en que cada beneficiario acumule una pérdida real equivalente a $2.721.627, cifra que representa el importe total de cinco haberes mínimos que no volverán a recuperarse.
Ante este severo menoscabo económico, más de 27.000 personas en edad de retiro se vieron forzadas a reinsertarse en el mercado de trabajo con el único fin de cubrir sus gastos básicos mensuales. Sin embargo, esta reincorporación laboral se ha desarrollado bajo condiciones marcadas por la precariedad y la desprotección: la tasa de informalidad en las mujeres jubiladas que trabajan ascendió al 61,6%, registrando un notable incremento frente al 51,2% observado en diciembre de 2023. En el caso de los varones de la tercera edad, el trabajo no registrado se elevó al 55,6%, consolidando un deterioro generalizado en las condiciones ocupacionales del sector.
A la necesidad de prolongar la vida laboral se le suma una creciente crisis crediticia que afecta a más de 1.345.000 adultos mayores. Según consigna la investigación de la UNDAV, el 17,7% del total de los jubilados se encuentra endeudado con prestamistas informales o no bancarios que aplican tasas de interés desmedidas y superiores a las de la banca regular. Esta dinámica de endeudamiento de emergencia ha incorporado a más de 200.000 personas retiradas desde finales de 2024, evidenciando un ahogo financiero persistente en este estrato social.
El escenario para la clase pasiva amenaza con complejizarse aún más ante la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dispuesto por la nueva legislación de modernización laboral. Este esquema permitirá que los aportes de los trabajadores activos destinados a la seguridad social sean utilizados para financiar despidos corporativos, lo que podría restar financiamiento directo a las arcas de la ANSES. De este modo, la descapitalización del sistema previsional compromete la sostenibilidad de las prestaciones futuras y proyecta un panorama de alta incertidumbre para el sector.
