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En el marco del debate parlamentario por la modificación de la Ley de Tierras en el Senado, la representación oficialista encabezada por Patricia Bullrich salió a defender públicamente el nuevo dictamen argumentando que la facilitación del ingreso de capitales extranjeros no representa un riesgo para la soberanía nacional. La iniciativa se presenta como un mecanismo destinado a dinamizar la inversión en el país bajo el principio de que la titularidad privada sobre un inmueble o explotación productiva no vulnera la jurisdicción ni las facultades regulatorias del Estado sobre su territorio. Sin embargo, diversos sectores señalan que la defensa enfocada en la atracción de inversiones evita abordar las objeciones centrales sobre el acaparamiento y la concentración de tierras rurales estratégicas.
A pesar de que el discurso oficial destaca la preservación de un tope general del 25% de superficie rural por provincia para propietarios extranjeros, el cambio de fondo radica en la derogación de ocho artículos clave de la norma sancionada en 2011. Entre las modificaciones más sustanciales se destaca la supresión de la restricción individual que limitaba las compras a un equivalente máximo de 1.000 hectáreas en zonas de alta productividad, así como la eliminación del tope del 30% por nacionalidad. Esta modificación permite que un mismo comprador o empresas pertenecientes a un mismo país puedan adquirir extensiones sustancialmente mayores sin las trabas específicas de concentración regional que regían con la legislación previa.
La reforma implica una transformación radical en la doctrina legal que regula la propiedad rural extranjera en Argentina, migrando de un sistema de permisos condicionados por salvaguardas a una modalidad de libre mercado con prohibiciones taxativas puntuales. Bajo la nueva estructura propuesta, la adquisición queda habilitada de manera general salvo en cuatro escenarios específicos: la compra directa por parte de Estados extranjeros, las adquisiciones por empresas con capital público foráneo sin aval oficial, el exceso del límite provincial del 25% y la afectación de áreas de frontera. De esta manera, se desmantela el entramado normativo diseñado para evitar la acumulación desproporcionada de recursos en pocas manos.
El oficialismo asegura haber alcanzado las voluntades legislativas requeridas para garantizar la sanción del proyecto en la Cámara Alta tras semanas de modificaciones destinadas a sumar a bloques dialoguistas. El escenario parlamentario contempla un posible desempate a cargo del presidente provisional del cuerpo, Bartolomé Abdala, ante la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel por compromisos al frente del Poder Ejecutivo, figura que anteriormente había manifestado reservas sobre el proyecto. Mientras la Cámara de Senadores se alista para dar el tratamiento definitivo a la ley, la oposición insiste en que el verdadero alcance de la medida no reside en los porcentajes conservados, sino en los mecanismos de control soberano que quedan derogados.
