A cuatro meses del crimen de Ángel López: reclaman justicia y denuncian fallas en el sistema de protección infantil

Al cumplirse cuatro meses del trágico fallecimiento de Ángel López, el niño de cuatro años asesinado en Comodoro Rivadavia, la causa judicial por su presunto homicidio continúa generando conmoción e indignación pública. Por el crimen se encuentran actualmente privados de la libertad su madre biológica, Mariela Altamirano, y la pareja de esta, Michel González, acusados tras constatarse severos traumatismos craneales en el menor. El caso ha reavivado las críticas hacia los mecanismos estatales y judiciales que debieron velar por la integridad física y emocional del niño antes del desenlace fatal.

En este marco, la mediática Cinthia Fernández, pareja del abogado querellante Roberto Castillo —quien representa legalmente al padre de la víctima, Luis López—, emitió un contundente mensaje a través de sus redes sociales para evitar que el expediente quede impune. La figura pública denunció que el menor no solo sufrió agresiones directas, sino que además fue víctima de un severo abandono institucional provocado por errores, negligencias e indiferencia por parte de los organismos de protección que tenían la obligación legal de intervenir oportunamente.

Asimismo, los querellantes y allegados enfatizaron que el pedido de justicia trasciende a los autores materiales del crimen, exigiendo responsabilidades penales y administrativas para aquellos funcionarios e instituciones cuya omisión facilitó el trágico final. Fernández remarcó que el caso debe sentar un precedente para que ningún otro niño quede desamparado ante el sistema y garantizó que la familia mantendrá la visibilización del reclamo hasta que se determinen todas las culpas correspondientes.

Como parte de las medidas de protesta, la familia paterna del menor convocó a la comunidad a una manifestación frente a la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia bajo la consigna "Justicia para Ángel". La movilización busca visibilizar no solo la falta de celeridad en la investigación de este crimen, sino también las fallas estructurales del Poder Judicial en el tratamiento de casos de vulneración de derechos infantiles en la región.