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En el marco de una nueva festividad de San Cayetano, el panorama laboral argentino evidencia un deterioro estructural signado por la destrucción del empleo registrado, la proliferación del trabajo informal y la destrucción de unidades productivas desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Según reportes elaborados por consultoras privadas, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y centros de estudios académicos sobre la base de datos oficiales del INDEC y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), más de 340.000 trabajadores formales perdieron sus puestos de trabajo tanto en el ámbito público como en el privado.
A pesar de que el relato oficial proyectó un crecimiento en los niveles de ocupación —como el gráfico expuesto por el Presidente ante la Fundación Libertad que daba cuenta de un incremento neto de 113.000 puestos—, los microdatos revelan una profunda reconversión regresiva del mercado de trabajo. Dicho cálculo computaba una caída severa de 241.000 empleos registrados en relación de dependencia que fue amortiguada estadísticamente por la incorporación de 346.000 trabajadores independientes, configuración que los analistas económicos definen como un "emprendedurismo de supervivencia".
Esta contracción del entramado laboral asalariado se halla directamente vinculada con la desaparición de unidades productivas. Los informes del CEPA indican que desde la asunción del actual gobierno han cerrado 28.262 empresas en todo el país. La inmensa mayoría de estos cierres afectó a la pequeña y mediana industria: el 99,77% de las compañías desaparecidas contaba con plantillas de hasta 500 empleados (28.196 Pymes), mientras que solo 66 correspondió a grandes empleadores. Las actividades más castigadas por la recesión generalizada son la construcción —golpeada por la paralización absoluta de la obra pública nacional y el freno inmobiliario—, la industria manufacturera —con pérdidas superiores a los 49.000 puestos en textiles, calzado y metalmecánica—, el comercio y el transporte. En contraste, sectores concentrados como el agro, las finanzas, la minería, el petróleo y los servicios públicos mostraron leves incrementos, aunque su participación conjunta no supera el 10% del empleo registrado total.
En paralelo a la caída del trabajo formal, las cifras oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC marcan que, si bien la desocupación se ubicó en el 7,8% durante el primer trimestre del año, la informalidad laboral trepó al 44,2%, alcanzando el registro más elevado de los últimos tres años. El deterioro de las condiciones de contratación se observa en la dinámica de destrucción y creación de empleo: entre los primeros trimestres de 2024 y 2026 se destruyeron 246.000 empleos registrados y se generaron 603.600 puestos no registrados. Asimismo, el incremento de más de 165.000 altas en el régimen del monotributo evidencia que miles de trabajadores recurrieron al cuentapropismo desregulado ante la falta de alternativas estables.
Por su parte, el ajuste en las estructuras del Estado nacional ha tenido un impacto directo en las métricas del empleo público. De acuerdo con el Informe de Dotación de la Administración Pública Nacional del INDEC, la dotación del sector público se redujo a 271.696 agentes, acumulando un recorte de casi 70.000 puestos de trabajo desde el cambio de gestión. Las no renovaciones de contratos, los esquemas de retiro voluntario y el desmantelamiento o achicamiento de organismos y empresas estatales explican este repliegue de la dotación oficial. La combinación de flexibilización, quita de subsidios y menor inversión tradicional ha provocado un desplazamiento sistemático de la población activa desde el empleo formal estructurado hacia esquemas caracterizados por la inestabilidad, la pérdida de beneficios sociales y el estancamiento de los ingresos reales.
