Media sanción en el Senado a la Ley de Propiedad Privada, pero sin Tierras ni Manejo del Fuego

En una maratónica y tensionada sesión, el Senado de la Nación otorgó la media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, logró la aprobación general con 37 votos a favor y 33 en contra, luego de que la bancada oficialista tuviera que ceder en aspectos centrales del texto original frente a la falta de votos propios y el rechazo generalizado de los gobernadores provinciales.

La jornada legislativa estuvo marcada por el repliegue del oficialismo en dos de sus ejes más debatidos. En primer lugar, la bancada libertaria debió retirar antes del inicio del debate el capítulo que habilitaba la venta de tierras rurales a inversores extranjeros. Posteriormente, durante el desarrollo de la discusión en el recinto, el Gobierno sufrió una nueva derrota política al confirmarse la eliminación del artículo 3, el cual buscaba modificar la Ley de Manejo del Fuego levantando las restricciones para el cambio de uso comercial o inmobiliario de los suelos afectados por incendios forestales.

El debate se llevó a cabo bajo la presidencia del senador Bartolomé Abdala, ante la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, y estuvo atravesado por intensos contrapuntos reglamentarios y políticos. Previo a la discusión de fondo, el pleno rechazó mediante votación a mano alzada la posibilidad de que la senadora Anabel Fernández Sagasti y el legislador Flavio Fama emitieran sus votos de manera virtual por razones de salud y embarazo. Asimismo, la oposición encabezada por el senador José Mayans intentó devolver el proyecto a comisiones, moción que resultó desestimada por 38 votos negativos frente a 31 afirmativos.

En el plano del desarrollo del texto, la sesión dejó expuestas serias fallas de técnica legislativa que fueron puestas en evidencia por la oposición. El senador santiagueño Gerardo Zamora expuso en el recinto un insólito error en el borrador final del dictamen, donde en el artículo 38 se consignaba que la normativa comenzaría a regir el "primero de julio de 1968" producto de una falla de redacción al copiar y pegar fragmentos legales preexistentes.

A pesar de los recortes sufridos en el proyecto, la iniciativa aprobada introduce modificaciones sustanciales en el régimen de alquileres y ejecuciones inmobiliarias. Entre sus puntos clave, la ley fija que, ante la mora en el pago de un alquiler con destino habitacional, la parte locadora deberá intimar al locatario otorgando un plazo de diez días corridos para regularizar la deuda, adicionando únicamente diez días más en caso de habitar el inmueble menores de edad o personas con discapacidad. Vencido dicho plazo, se habilita la restitución inmediata mediante el proceso judicial de desalojo más expedito previsto por la legislación.

Por otra parte, la norma redefine el marco de las expropiaciones estatales bajo un criterio de interpretación restrictiva, exigiendo la fundamentación concreta de la utilidad pública e idoneidad del bien. A su vez, establece que las indemnizaciones se ajustarán al valor objetivo de mercado y restringe la cobertura por lucro cesante a un tope máximo del 30 % del daño emergente, salvo prueba fehaciente en contrario. Además, la normativa reconoce derechos de regularización dominial para aquellos ocupantes con causa lícita que acrediten posesión pacífica e ininterrumpida durante diez años sobre inmuebles urbanos destinados a vivienda única.

De forma paralela al debate en la Cámara alta, las inmediaciones del Palacio Legislativo se convirtieron en escenario de masivas manifestaciones sociales y sindicales. Organizaciones agrupadas en la CGT, las dos centrales CTA, la UTEP, ATE y colectivos ambientales se concentraron frente al Congreso bajo un estricto operativo coordinado por las fuerzas de seguridad nacionales y porteñas. Desde las cúpulas gremiales expresaron su total rechazo a la medida al advertir que los puntos remanentes amenazan los derechos habitacionales, debilitan el control estatal sobre los recursos y vulneran la función social de la propiedad.