El Senado aprobó la Ley de Propiedad Privada pero el régimen libertario de Milei sufrió duros reveses en el articulado clave

El Senado de la Nación aprobó por 37 votos a favor y 33 en contra la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada; sin embargo, el bloque oficialista encabezado por Patricia Bullrich sufrió severos reveses legislativos al verse obligado a retirar los contenidos más sustanciales del proyecto, entre ellos los capítulos referidos a la extranjerización de tierras y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

La jornada evidenció un visible desgaste en las alianzas de la bancada libertaria en la Cámara Alta. Pese a contar con el respaldo del PRO, gran parte de la Unión Cívica Radical y varios bloques provinciales, el número de apoyos se redujo en relación con votaciones anteriores, reflejando el impacto de la presión social y política ejercida sobre la iniciativa a lo largo de las últimas semanas.

En el transcurso del debate, el interbloque opositor liderado por José Mayans cuestionó la falta de transparencia en la tramitación del dictamen, cuya versión modificada ingresó al recinto con escasa anticipación. Al mismo tiempo, las gestiones transversales impulsadas por el senador Eduardo "Wado" de Pedro lograron articular los votos necesarios para bloquer la reforma ambiental, lo que forzó al oficialismo a retirar dicho capítulo antes de someterlo a votación para evitar una derrota en el articulado.

En las afueras del Palacio Legislativo, una multitud de manifestantes se concentró para expresar su rechazo a las reformas propuestas. La movilización fue reprimida por un desproporcionado operativo de las fuerzas de seguridad mediante el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes, hecho que dejó como saldo varias personas afectadas y el traslado de urgencia de una reportera gráfica a un centro de salud.

A pesar de los severos recortes sufridos por el texto original —que ya había perdido previamente los artículos relativos al Registro Nacional de Barrios Populares—, el proyecto remitido a la Cámara de Diputados establece facilidades para los desalojos expeditivos, permitiendo la restitución cautelar de inmuebles antes de que exista una sentencia firme, aspecto criticado por la oposición debido al potencial riesgo que representa para los inquilinos.

Adicionalmente, la norma impone restricciones a la capacidad de expropiación por parte del Estado, al elevar las exigencias para justificar la utilidad pública y establecer que las indemnizaciones deban contemplar eventuales perjuicios económicos alegados por los propietarios. Durante la sesión también se registraron cruces parlamentarios por cuestiones de privilegio vinculadas a los recientes roces diplomáticos con el gobierno de Brasil y denuncias de conflicto de intereses sobre legisladores ligados al sector inmobiliario.