Aprobación ajustada en el Senado: el régimen libertario sacrificó capítulos clave para lograr la media sanción de la ley inmobiliaria

Durante una intensa jornada parlamentaria y en medio de un operativo de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el oficialismo de La Libertad Avanza logró la media sanción en la Cámara de Senadores para el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, redactada por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, fue girada a la Cámara de Diputados tras obtener 37 votos a favor frente a 33 en contra, merced al acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales como La Neuquinidad y Despierta Chubut.

A pesar de haber logrado la aprobación general del texto, la bancada oficialista tuvo que resignar aspectos centrales del proyecto original a medida que avanzaba la sesión. Pocas horas antes del inicio del debate, el Gobierno decidió retirar la sección destinada a flexibilizar la extranjerización de la tierra con el objetivo de retener los apoyos necesarios. Posteriormente, minutos antes del momento de la votación, La Libertad Avanza también debió eliminar el articulado referido a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, el cual contemplaba la derogación de las restricciones de uso sobre terrenos afectados por incendios forestales durante lapsos de 30 y 60 años.

Las modificaciones de último momento evidenciaron fuertes rispideces entre el oficialismo y sus aliados, acentuadas por desavenencias generadas tras declaraciones del senador libertario Joaquín Benegas Lynch. Senadores de bloques dialoguistas manifestaron objeciones jurídicas directas sobre las reformas ambientales; tal fue el caso del radical Maximiliano Abad, quien advirtió sobre la inconstitucionalidad de tales cláusulas, y de la representante chubutense Edith Terenzi, quien anunció su voto en contra del capítulo ambiental y su abstención respecto al régimen de desalojos.

El trámite legislativo estuvo signado desde el inicio por las quejas de la oposición en cuanto a los tiempos de debate. El senador José Mayans presentó una moción de privilegio para que la propuesta regresara a comisiones, fundamentando su reclamo en la entrega tardía del dictamen con cambios tan solo horas antes de la sesión. Si bien la moción fue rechazada por 38 votos contra 31, las críticas internas dentro del bloque oficialista hacia la gestión del ministro Sturzenegger reflejaron el impacto político generado por la tramitación de la norma.

En lo relativo al articulado que finalmente obtuvo aprobación y pasa a consideración de la Cámara Baja, la norma fija un marco más restrictivo para los procesos de expropiación mediante la Ley 21.499, estableciendo una interpretación restrictiva del interés público y un tope del 30% del daño emergente sobre el lucro cesante. Paralelamente, modifica la Ley Pierri para facultar la solicitud de títulos de propiedad a quienes acrediten la posesión pacífica e ininterrumpida de inmuebles durante diez años.

Asimismo, la legislación aprobada introduce cambios en los procedimientos judiciales y contractuales vinculados a los arrendamientos. A través de modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial, los trámites de desalojo pasarán a tramitarse mediante juicio sumarísimo, y se otorgará un plazo de diez días corridos tras el vencimiento de la obligación para que el locador pueda iniciar la demanda judicial de desalojo por falta de pago. En materia registral, se crea el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble con el fin de implementar una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para la gestión digital de trámites e informes a nivel nacional.

Durante el transcurso del debate en el recinto, las posturas de los distintos espacios mostraron visiones contrapuestas. Desde la oposición, el senador Jorge Capitanich sostuvo que la prioridad del país radica en garantizar el acceso efectivo a la propiedad para los sectores vulnerables y no en este tipo de marcos regulatorios, mientras que Mariano Recalde enfatizó la preocupación por la celeridad de los desalojos sobre inquilinos endeudados en un contexto económico complejo. En contraste, voces del oficialismo y bloques aliados como Cármen Álvarez Rivero y Juan Carlos Pagotto defendieron el dictamen, argumentando la necesidad de previsibilidad jurídica para promover inversiones privadas y el valor de encauzar los litigios inmobiliarios por vías institucionales abreviadas.