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El fracaso de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado desencadenó una fractura expuesta dentro de la Casa Rosada, desencadenando acusaciones cruzadas en el seno de la mesa política del Gobierno nacional. La iniciativa promovida por Federico Sturzenegger buscaba eliminar restricciones para la venta de tierras a extranjeros, una propuesta cuyo cálculo político falló de manera rotunda ante un contexto social sensible y reticente. El naufragio legislativo dejó al descubierto la fragilidad del bloque oficialista y desató un cruce recíproco de responsabilidades entre figuras clave como Karina Milei, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Santiago Caputo y los hermanos Menem.
Frente al revés en la Cámara Alta, el ala oficialista no tardó en fragmentarse en recriminaciones sobre las fallas operativas y estratégicas del proyecto. Desde la Rosada se reprocha la falta de negociaciones efectivas con los ejecutivos provinciales y los errores de cálculo en el conteo de votos, así como fallos en la redacción técnica del texto encomendado a la Secretaría Legal y Técnica. Asimismo, voceros del entorno gubernamental argumentan que se postergaron prioridades legislativas cruciales por atender otros compromisos políticos en la Cámara de Senadores, lo que minó definitivamente las posibilidades de articular apoyos en el momento adecuado.
La tensión con las provincias se ha convertido en una alerta roja de cara al cierre de la agenda parlamentaria del año. En el oficialismo prevalece la sensación de haber sido traicionados por los gobernadores provinciales, quienes han revalorizado sus votos en un escenario de creciente presión sobre los presupuestos e intereses locales. No obstante, en Balcarce 50 admiten que restablecer la confianza resultará una tarea compleja, ya que la colocación de candidatos propios por parte de La Libertad Avanza en comicios anteriores deterioró las relaciones políticas y resta credibilidad a futuras promesas de concertación.
Ante la parálisis del proyecto impulsado por Sturzenegger, la administración de Javier Milei ha decidido reorientar toda su estrategia legislativa hacia la aprobación de la reforma electoral antes de enfilar hacia los comicios de 2027. La apuesta principal del oficialismo pasa por lograr la suspensión de las elecciones primarias (PASO), una medida con la que buscan fragmentar a la oposición, reconfigurar el escenario partidario y asegurar las posibilidades de reelección del mandatario nacional en medio de un clima de marcada incertidumbre política.
