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La Justicia de San Carlos de Bariloche aguarda el informe técnico del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro para esclarecer los detalles del trágico accidente vial ocurrido en el lago Nahuel Huapi, donde una niña de tres años perdió la vida tras caer el vehículo familiar por un barranco hacia las aguas del lago. El trágico hecho se registró el sábado por la tarde a la altura del kilómetro 15 de la ruta, cuando la camioneta Hyundai Tucson conducida por la madre de la menor perdió el control, presuntamente a causa de la presencia de hielo en el camino, desbarrancándose sin que la conductora pudiera detener la marcha.
El vehículo terminó sumergido a una profundidad aproximada de 25 metros en la zona del barrio Don Orione. Tras un operativo desplegado en el lugar, efectivos de la Prefectura Naval Argentina lograron extraer el cuerpo de la pequeña del interior de la camioneta. Posteriormente, y tras la realización de los procedimientos legales y el correspondiente reconocimiento por parte de sus padres, los restos de la menor fueron entregados a la familia para su posterior despedida.
Ambos progenitores debieron recibir asistencia médica inmediata tras el siniestro. La madre ingresó por la guardia del Sanatorio San Carlos debido a los politraumatismos sufridos durante el vuelco, aunque fue dada de alta pocas horas después. En tanto, el padre fue atendido en el lugar del accidente por un cuadro grave de hipotermia, tras haberse arrojado al agua congelada en un intento desesperado por rescatar a su hija del interior del rodado.
La causa se encuentra bajo la órbita de los fiscales Guillermo Lista y Álvaro Viterbori, quienes dispusieron la realización de los peritajes mecánicos y viales para ratificar las circunstancias del despiste. Una vez que se obtengan las conclusiones definitivas del peritaje, el Ministerio Público Fiscal prevé disponer el cierre de la investigación aplicando la figura jurídica de la "pena natural", principio contemplado en el derecho penal para aquellos casos en que la tragedia sufrida por los imputados extingue la necesidad de una sanción estatal.
