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El gobierno del presidente Javier Milei atraviesa una etapa crucial signada por la erosión paulatina de su margen de tolerancia social y política, en un contexto donde los indicadores económicos comienzan a pasar factura al apoyo inicial recibido en las urnas. Tras meses de implementación de un severo plan de ajuste fiscal, desregulación de la economía y recorte del gasto público, diversos análisis coinciden en que la fase de paciencia generalizada ha llegado a su término. El impacto acumulado de las medidas ha comenzado a resentir la imagen del oficialismo frente a sectores de la sociedad que anteriormente mostraban disposición a esperar resultados a mediano plazo.
La pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación acumulada, sumada a los sistemáticos incrementos en las tarifas de los servicios básicos, el transporte y los combustibles, configuró un escenario de fuerte contracción en el consumo masivo y la actividad económica interior. Esta situación golpea con especial dureza a la clase media y a los sectores vulnerables, quienes enfrentan dificultades crecientes para cubrir la canasta básica. El argumento del esfuerzo colectivo como requisito previo a una estabilización duradera empieza a perder eficacia ante la cotidianeidad de presupuestos familiares severamente recortados.
En el plano social, la conflictividad ha ido en aumento progresivo mediante la articulación de protestas lideradas por la comunidad universitaria, sectores de la salud, organizaciones sindicales y agrupaciones de jubilados. Las tensiones se profundizaron tras la decisión del Poder Ejecutivo de vetar normativas orientadas a recomponer el financiamiento universitario y los haberes previsionales, lo que dinamizó las movilizaciones de calle y generó un canal de convergencia para diversos reclamos. Estas manifestaciones dan cuenta de un tejido social que reacciona con mayor firmeza frente a las medidas que percibe como perjudiciales para los servicios públicos esenciales.
Frente a este panorama, el Poder Ejecutivo enfrenta el desafío de sostener la viabilidad de su programa económico sin contar con mayorías propias en el Congreso, dependiendo de frágiles acuerdos con bloques aliados para blindar sus decretos y vetos. Mientras la oposición muestra posturas divididas entre la confrontación y la negociación institucional, el descontento social presiona sobre la agenda política y pone a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno. La evolución de los principales indicadores macroeconómicos y la contención de la conflictividad en las calles definirán la dinámica política del próximo periodo.
