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El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la apertura de una investigación formal sobre las principales billeteras virtuales que operan en el país ante la proliferación de maniobras abusivas, falta de transparencia y métodos de cobro extorsivos. En una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Augusto Costa, las autoridades provinciales advirtieron sobre el impacto del sobreendeudamiento que golpea a los hogares y señalaron que seis de cada diez adultos se encuentran endeudados, mientras que unos seis millones de ciudadanos están en situación de mora tras tomar compromisos financieros para cubrir gastos básicos de subsistencia.
La intervención oficial se originó tras registrarse 2.240 denuncias ante la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor durante el primer semestre del año contra empresas del sector fintech, entre las que figuran Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud. Los reclamos presentados por los usuarios apuntan a la imposición de contratos con cláusulas leoninas que desligan a las plataformas de responsabilidades técnicas, la falta de información clara sobre el costo financiero total de las operaciones y la omisión obligatoria del botón de arrepentimiento en sus aplicaciones móviles y plataformas web.
Asimismo, la administración bonaerense puso el foco en la aplicación de tasas de interés que alcanzan niveles desmedidos de entre el 700% y el 1000%, junto con esquemas opacos que discriminan los costos del crédito en función de algoritmos y datos personales de cada usuario. A estas irregularidades financieras se suman reiteradas conductas de hostigamiento y acoso extrajudicial ejercidas sobre personas imposibilitadas de cancelar sus saldos, lo que configura una vulneración flagrante a los derechos fundamentales consagrados en el régimen normativo de protección a los consumidores.
A raíz de estas actuaciones, el Ejecutivo provincial emplazó a las compañías involucradas a presentar sus descargos y a detallar minuciosamente los parámetros empleados para el cálculo de sus costos y comisiones. Aquellas plataformas que no logren justificar sus procedimientos o continúen aplicando prácticas desleales afrontarán multas económicas que podrían escalar hasta los 1.883 millones de pesos por empresa, además de la exigencia perentoria de adecuar sus términos contractuales a la legislación vigente.
