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La defensa legal del exfuncionario Manuel Adorni solicitó formalmente una prórroga ante la Justicia para poder responder a las inconsistencias y desfasajes patrimoniales señalados en el expediente que investiga su evolución económica. La causa, impulsada por un peritaje financiero del fiscal Gerardo Pollicita, sostiene que existen marcadas diferencias entre los ingresos salariales declarados por el exdirigente y un conjunto de compras, gastos y tenencias que no guardarían la debida correspondencia contable.
Entre los principales puntos que el tribunal busca esclarecer se encuentran los fondos en efectivo no justificados, préstamos familiares, la compra de un vehículo y la adquisición y edificación de una propiedad en el club de campo Indio Cuá. Este último desarrollo constructivo se posiciona como una pieza clave del proceso, luego de que el contratista a cargo de la obra, Matías Tabar, declarara haber percibido cerca de 245.000 dólares por los trabajos, suma cuya procedencia y registro formal de transferencias deben ser acreditados por el imputado.
El avance judicial también abarca la adquisición de un inmueble situado sobre la calle Miró, la erogación en amoblamientos, gastos educativos y de transporte, además de transacciones con activos digitales y la operatoria con criptomonedas tras declarar un patrimonio superior a los 944 millones de pesos en 2025. El foco de los investigadores incluye indagar si existieron pagos realizados a través de terceras personas e ingresos consignados como exentos del impuesto a las Ganancias que carezcan de sustento documental.
Frente a este escenario, los abogados de Adorni fundamentaron su solicitud de más tiempo en la necesidad de tener acceso y analizar en detalle los datos extraídos del teléfono celular del contratista Tabar, quien entregó su dispositivo a la Justicia para un peritaje técnico. La defensa considera indispensable revisar las comunicaciones,
